«Ni el Tribunal Constitucional está exento de la ley: si una sentencia contiene prevaricato, los responsables deberán responder ante el Ministerio Público», sostuvo Rómer Saucedo, Presidente del TSJ
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, presentó los resultados de una investigación de la Unidad de Transparencia sobre el Caso Mutualista. El informe desveló una red de indicios delictivos, fallas judiciales y documentación irregular en la disputa por los terrenos del mercado cruceño, valuados en 200 millones de dólares.
Los hallazgos de la comisión
La investigación identifica cuatro ejes críticos que ponen en duda la legalidad del proceso:
Documentación irregular: Fallas en la supuesta transferencia del terreno y falta de respaldo en Derechos Reales.
Caos de identidad: Inconsistencias en el nombre del presunto propietario (Nelson Miguel Crapuzzi Dirienzo), lo que invalidaría cualquier proceso de herencia.
Justicia «a medida»: Un amparo tramitado en Pailón por una jueza sin competencia territorial, quien dictó medidas cautelares antes de apartarse del caso.
Prevaricato: Indicios de delitos en actuaciones judiciales, incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Sentencia bajo la lupa: «El cargo no otorga impunidad»
Saucedo fue tajante respecto al fallo del TCP que ordena entregar los predios a la familia Crapuzzi. Pese a la jerarquía de la institución, el titular del TSJ afirmó que existen indicios de prevaricato que deben ser investigados por el Ministerio Público.
«El hecho de que sea una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional no la exime de ser prevaricadora. Será el Ministerio Público quien reciba la denuncia contra estos magistrados», sentenció Saucedo.
El rol de los planos y la ficha clave: José Quiroz
Uno de los puntos más polémicos apunta al exconcejal José Quiroz (MAS). Según la investigación, un abogado de la familia Crapuzzi confesó que Quiroz fue quien facilitó los planos municipales del mercado, siendo presuntamente el único con acceso al sistema digital para obtener dichos documentos.
Aunque este proceso penal fue rechazado inicialmente, Saucedo advirtió que los plazos legales permiten su reapertura. Instó a la Alcaldía, al Comité pro Santa Cruz y a otros actores interesados a utilizar las herramientas procesales para reactivar la investigación penal.
Acciones inmediatas
El informe final será remitido al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura para establecer responsabilidades. Con esto, el TSJ busca frenar lo que se considera un despojo de bienes de dominio público basado en un proceso judicial plagado de vicios.
Dato clave: La disputa enfrenta a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con la familia Crapuzzi por un terreno estratégico de propiedad municipal, cuya entrega a privados ha generado un fuerte rechazo social.
